Los testigos que desfilaron por el tribunal de Brooklyn que juzgaron al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna dejaron dejaron claro que “fue su socio criminal”, dijo la fiscalía al jurado que tendrá que establecer si es culpable o no de ayudar al cártel de Sinaloa, de Joaquín “Chapo” Guzmán entre 2001 y 2012.

Los 26 testigos que convocó la acusación -9 de ellos narcotraficantes extraditados a Estados Unidos que han decidido colaborar con la justicia estadounidense- esbozaron el poder corruptor del dinero de la droga desde la política a las fuerzas de seguridad, pasando por los funcionarios de aduanas y personal de puertos y aeropuertos.

Tanto García Luna como su esposa vivían en Miami con sus dos hijos desde el 2012, cuando concluyó el sexenio de Felipe Calderón.

“No les pido que les caigan bien, han hecho cosas horribles, son criminales pero hay que conocerlos”, dijo la fiscal Sarith Komatireddy a lo largo de cuatro horas de alegatos finales.

Sin la colaboración al “más alto nivel del gobierno mexicano”, la “operación multimillonaria” del cartel, que se sirvió de trenes, aviones, barcos, contenedores o submarinos para importar toneladas de droga de Sudamérica a través de aeropuertos, puertos o carreteras con destino a Estados Unidos, “hubiera sido imposible de llevar a cabo”, recordó la fiscal.

García Luna, ingeniero mecánico de 54 años, rehusó declarar para defenderse en su propio juicio, habría recibido pagos millonarios de los cárteles a cambio de protección de las fuerzas de seguridad que dirigía.

Su esposa Cristina Pereyra fue el único testigo de la defensa y trató de explicar al jurado el origen del patrimonio amasado en México. Sus haberes logrados después de que abandonó sus funciones en 2012 para instalarse en Miami, donde residían hasta que fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, quedaron fuera de las indagaciones de la fiscalía.

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