Aunque Trump enfrentó una posible sentencia de hasta cuatro años de prisión, el juez dejó en claro que no será encarcelado

ARTÍCULO LIBRE – Un tribunal de Nueva York ha fijado para el próximo 10 de enero la sentencia de Donald Trump en el caso relacionado con pagos destinados a silenciar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016. La fecha de la sentencia ha generado gran expectación, ya que se lleva a cabo solo diez días antes de que Trump asuma su segundo mandato presidencial, el 20 de enero.

El juez Juan M. Merchan, quien presidió el juicio en su contra, dictó una decisión que contrasta con las expectativas del ex presidente, quien había solicitado que el caso fuera desestimado por motivos de inmunidad presidencial y su inminente regreso a la Casa Blanca. Sin embargo, Merchan rechazó estos argumentos, asegurando que no existían impedimentos legales para llevar a cabo la sentencia. El juez, en su fallo de 18 páginas, sostuvo que el proceso debía concluir antes de la toma de posesión de Trump para garantizar la justicia, destacando que el principio de que “nadie está por encima de la ley” debía prevalecer.

Aunque Trump enfrentó una posible sentencia de hasta cuatro años de prisión, el juez dejó en claro que no será encarcelado. De hecho, Trump podría optar por una comparecencia virtual para la audiencia. Merchan optó por lo que se conoce como “descargo incondicional”, lo que implica que el caso se cierre sin sanciones como prisión o libertad condicional, pero manteniendo la culpabilidad del expresidente.

El caso, que involucra 34 cargos de falsificación de registros comerciales, se centra en un pago de 130,000 dólares realizado por el abogado personal de Trump, Michael Cohen, a Stormy Daniels en los últimos meses de la campaña electoral de 2016. El dinero se entregó para evitar que Daniels revelara una supuesta relación extramatrimonial con Trump. Los fiscales argumentaron que el pago fue registrado de manera incorrecta como un gasto legal, con la intención de ocultar la verdadera naturaleza del pago y así proteger la imagen de Trump ante los votantes. Trump, por su parte, ha sostenido que no cometió ningún delito, defendiendo que los pagos fueron legítimos y motivados por el deseo de evitar vergüenza personal.

Este caso es el primero de los cuatro procesos penales en los que Trump está involucrado que ha llegado a juicio. Mientras tanto, otros casos federales relacionados con intentos de anular los resultados de las elecciones de 2020 y la acumulación de documentos secretos en su propiedad de Mar-a-Lago continúan su curso. Sin embargo, el juez Merchan destacó que, a diferencia de los casos federales, el caso de los pagos a Daniels es independiente y no puede ser desestimado por decisiones judiciales en otros tribunales.

La resolución de este asunto legal antes de la investidura de Trump marca un momento histórico: es el primer ex presidente de los Estados Unidos que enfrenta una condena penal mientras se prepara para regresar a la Casa Blanca. Aunque no se impondrá una pena de prisión, el proceso ha dejado una huella significativa en su camino hacia su segundo mandato presidencial, planteando interrogantes sobre la relación entre la ley, la política y el poder presidencial.

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