Se debe garantizar la protección a los derechos humanos
TIJUANA. – El Poder Judicial de la Federación a través de sus resoluciones ha logrado obligar a diversas autoridades a cumplir con sus obligaciones en materia de tutela y protección de los derechos humanos como son el del acceso al agua, el de salud, así lo declaró el Juez de Control en el Centro de Justicia Penal Federal en la CDMX, licenciado José Rivas González.
Durante su participación en la reunión del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), representada por el licenciado Carlos Atilano Peña, dijo que sino se logra nada en los tribunales locales se puede recurrir a los tribunales constitucionales para defender y exigir sus derechos.
Asimismo habló sobre la omisión legislativa de nuestro Congreso respecto a la Ley de Víctimas y desparecidos. El conferencista mencionó que es lamentable que hasta el momento el Congreso del Estado haya caído en omisión legislativa respecto a la Ley de Víctimas por lo que hace a las desapariciones forzada; sobre todo en estos momentos donde desafortunadamente las víctimas van en aumento y no reciben el apoyo que obligadamente les corresponde de parte de las autoridades.
A su vez también trató el tema de muerte por negligencia medica de una mujer en el IMSS, de la cual afirmó que en el caso de lesiones o perdida de una vida, la familia de la víctima está en su derecho de demandar y exigir la restitución del daño y aclaró que “No todos valemos lo mismo” y es muy diferente demandar a un instituto público que a un privado y depende mucho de la edad de la persona, por lo cual el monto que se pueda otorgar por este caso de negligencia tendrá que estudiarse.
Por otra parte, también expuso que hace falta voluntad y no se puede estar esperando resoluciones por parte de los legisladores y dio un ejemplo de pandemia cuando Infinidad de trabajadores se quedaron sn empleo en donde “el gobierno solo se lavó las manos”, debido que no hubo apoyo ni estímulos fiscales.
Expuso que el 2012 hay una ley de desempleo nivel estatal, que marca que el Estado debe de proporcionar un salario mínimo durante 3 meses y ningún legislador la hizo valer. A esto dijo que la Corte Suprema de la Nación, dicta como un derecho aplicarla, sin embargo no se ejecutó porque se tenía que conformar un Comité y no se hizo, esto no es una justificación para que no se exija y criticó la falta de voluntad de parte de legisladores y sindicatos trabajar en el tema.