Han transcurrido dos años y el discurso de la Gobernadora sobre sus preocupaciones sobre la calidad del aire y el medio ambiente no se alcanza a implementar
TIJUANA.- La temporada invernal que se aproxima a la región de Baja California, viene acompañada de una serie de afectaciones a la salud pública, causadas en parte por los contaminantes en el aire.
Según cifras del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), en la entidad se registran al año por lo menos 800 muertes con relación directa a la calidad del aire. A estas cifras alarmantes, se le suman más cientos de millones de pesos en pérdidas económicas, también relacionadas a los contaminantes en el aire.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) vincula la exposición a la contaminación por partículas, a muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, infartos de miocardio, latidos irregulares, asma agravada, función pulmonar reducida, síntomas respiratorios aumentados, como irritación en las vías respiratorias, tos o dificultad para respirar.
José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental A.C. (CIGA), afirmó que la mayoría de los contaminantes suspendidos en el aire, está relacionada al número de automóviles que transitan en la entidad, principalmente en la ciudad de Tijuana.
Muchos de estos vehículos, incluyendo los de reciente regularización (más de 300 mil) circulan sin cumplir los requerimientos mínimos para la emisión de contaminantes, establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-044.
“Un vehículo no afinado puede contaminar más de 30 veces de lo normal, hasta en la forma de manejar puede aumentar la emisión de contaminantes; al acelerar desecha combustible con combustión incompleta, porque no se alcanza a hacer la mezcla suficiente de oxígeno y eso es realmente toxico”, señaló.
En opinión del director del CIGA, el estado debe de acelerar las políticas públicas en estos temas, sobre todo porque el gobierno estatal ya cuenta con estudios realizados desde hace varios años y aún están vigentes. El ProAire es uno de estos documentos vigentes para su aplicación.
“El Gobierno de Baja California, no puede ser omiso en la calidad del aire. Han transcurrido dos años y el discurso de la Gobernadora sobre sus preocupaciones sobre la calidad del aire y el medio ambiente no se alcanza a implementar”.
“Creo que la titular del Poder Ejecutivo del Estado necesita mayor supervisión en estos temas, para que su equipo en la Secretaría del Medio Ambiente y en la Secretaría de Hacienda, puedan tener una política coherente, armonizada y congruente”, expresó.
“De esta forma la verificación vehicular que, es el único instrumento que tenemos, esté vinculada a la emisión de placas. La norma dice -todos los vehículos que transiten a nivel nacional- entonces debe cumplirse esta norma también en Baja California”, subrayó.
Zavala Álvarez, explicó que, si la Secretaría de Hacienda no cuenta o no ve la forma de otorgar suficiente presupuesto para mejorar la red de estaciones de calidad del aire, entonces un programa de verificación vehicular podría generar por lo menos 200 millones de pesos, mucho más que los 50 millones de pesos que tiene como presupuesto la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y actualizar esta red instalada desde hace varios años.
“Creo que un programa de verificación vehicular tiene como principal objetivo mejorar la calidad del aire y como consecuencia la salud de los bajacalifornianos. No hay que olvidar, que el gobierno está para recaudar, pero entonces la pregunta es ¿En qué utilizas los recursos? Creo que los recursos que se generan, deberían gastarse en el sector ambiental”, subrayó.
Egresado del programa LEAD por el Colegio de México, José Carmelo Zavala, dijo que, con los recursos de un programa estatal de verificación vehicular, el estado podría invertir en la red de calidad del aire que, se encuentra caída, vieja, no actualizada y no opera lo suficiente. Además, los recursos también podrían destinarse para áreas verdes dispersadas en las áreas urbanas que se sumarian al proyecto estatal “Respira” impulsado por la gobernadora Marina del Pilar Avila.