Ciudadanos y organizaciones denuncian violaciones a derechos humanos y exigen la suspensión del acto administrativo
ARTÍCULO LIBRE. – Organizaciones civiles y ciudadanos de Baja California anunciaron la interposición de juicios de amparo indirecto contra el Protocolo de Actuación Gubernamental para la Prevención y Atención de Manifestaciones y/o Protestas, publicado el 25 de julio de 2025 en el Periódico Oficial del Estado y emitido por el Secretario General de Gobierno.
Los promoventes sostienen que el instrumento es inconstitucional, pues establece restricciones indebidas a los derechos de libertad de expresión, reunión pacífica y libre tránsito, sin respaldo de una ley formal y sin que la autoridad que lo expidió cuente con competencia para normar el ejercicio de derechos humanos.
Argumentos centrales del amparo
Entre los señalamientos destacan:
- Falta de competencia y sustento legal.– El protocolo fue emitido sin habilitación expresa del Congreso del Estado ni consenso con los municipios, invadiendo funciones legislativas y contraviniendo el principio de reserva de ley.
- Invasión a la autonomía municipal.– Regula unilateralmente tránsito, uso de la vía pública y actuación de cuerpos de seguridad, facultades exclusivas de los ayuntamientos conforme al artículo 115 constitucional.
- Riesgo de uso arbitrario de la fuerza pública.– Amplía atribuciones más allá de lo permitido por la Ley Nacional y local del Uso de la Fuerza, incluyendo la defensa de bienes, sin base legal.
- Violación de derechos fundamentales.– Utiliza conceptos vagos como “riesgo” u “orden público” sin definiciones precisas ni controles judiciales, lo que permitiría discrecionalidad en la limitación de libertades.
Exigen suspensión e invalidez del protocolo
Los ciudadanos y organizaciones solicitan que el Poder Judicial otorgue la suspensión de los efectos del protocolo mientras se resuelve el fondo del asunto y, eventualmente, declare su nulidad por ser contrario a la Constitución y a tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Además, hacen un llamado a las autoridades estatales a respetar el derecho a la protesta pacífica y a que cualquier regulación en la materia sea aprobada por el Congreso del Estado, no impuesta mediante actos administrativos unilaterales.