Asaltos a domicilios y ataques a distintos gremios evidencian la brecha entre la realidad que viven los ciudadanos y las cifras que presumen las autoridades.
ARTÍCULO LIBRE.- Baja California continúa figurando entre las entidades con mayores índices de impunidad en el país, una condición que se traduce en mínimas probabilidades de acceso a la justicia para quienes son víctimas de algún delito. A pesar de los esfuerzos discursivos de las autoridades, las corporaciones encargadas de la prevención del delito y las instituciones responsables de investigarlo y sancionarlo se encuentran rebasadas, generando un clima de inseguridad generalizada, así lo dijo el Lic. Hassan Martin Franco Ruiz, Secretario General del Partido Acción Nacional en Tijuana.
Agregó que la violencia ya no se limita a espacios públicos ni a zonas consideradas de riesgo. “Hoy, ningún bajacaliforniano puede considerarse completamente a salvo, ni siquiera dentro de su propio hogar”. Un ejemplo reciente es el asalto a una vivienda particular en el que una pareja del sector médico fue víctima de un acto delictivo, hechos que quedaron registrados en video y se difundieron ampliamente a través de redes sociales, provocando indignación y preocupación social. Este caso no es aislado y se suma a otros ataques dirigidos contra integrantes del mismo gremio, mencionó.
Estos acontecimientos contrastan con el contexto político actual, marcado por la visita de la presidenta de la República y por constantes apariciones públicas de la gobernadora del estado, en las que se ha insistido en una supuesta disminución de la incidencia delictiva. Sin embargo, para amplios sectores de la población, la percepción de inseguridad y la experiencia cotidiana distan considerablemente de ese mensaje oficial.
La violencia en Baja California no distingue profesiones ni sectores. Además del personal médico, se han registrado agresiones contra abogados, periodistas, arquitectos, comunicadores y ciudadanos en general, lo que refuerza la sensación de vulnerabilidad colectiva. Ante este panorama, diversas voces señalan que ya no es suficiente anunciar la apertura de carpetas de investigación sin resultados tangibles.
La exigencia social es clara: esclarecer los hechos, castigar a los responsables y garantizar condiciones reales de seguridad. Mientras ello no ocurra, la impunidad seguirá siendo uno de los principales obstáculos para la justicia y la paz en la entidad.
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