La falta de combustible afecta a familias, seguridad y servicios de emergencia

TIJUANA.- Representantes del sector empresarial y comercial de Tijuana han levantado la voz para exigir al Gobierno Federal una pronta solución al desabasto de combustible que afecta a Baja California, ocasionado por los bloqueos de los residentes del Maclovio Rojas en la planta de Pemex en Rosarito. Sin embargo, las repercusiones de esta situación van mucho más allá del ámbito empresarial, impactando de manera significativa a la sociedad en su conjunto.

Carlos Jaramillo Silva, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Tijuana, destacó que la problemática afecta a más de dos millones de personas en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. La falta de combustible no solo paraliza la actividad económica, sino que también compromete la movilidad de la población y el funcionamiento de servicios esenciales.

Roberto Vega, presidente de Coparmex Tijuana, subrayó que, con la proximidad del fin de semana largo por la festividad estadounidense del Memorial Day, las afectaciones podrían agravarse. La escasez de combustible ya ha impactado la operatividad de más de cinco mil unidades de transporte que mueven la producción y materia prima de la industria maquiladora, vital para la economía de la región.

Pero más allá de las cifras y el comercio, Gina Villalobos, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE) de Tijuana, hizo un llamado de atención sobre el impacto en los pequeños comercios. Con más de 30 mil pequeños negocios afectados, se estima que alrededor de 150 mil familias están enfrentando dificultades para surtir sus tiendas, afectando directamente su subsistencia.

La situación se torna aún más crítica cuando se considera que los vehículos de las corporaciones policiacas y las unidades de emergencia también dependen del combustible para operar. La escasez compromete la capacidad de respuesta ante emergencias y la seguridad pública, poniendo en riesgo a toda la comunidad.

Ante este panorama, el clamor de los empresarios y comerciantes se une al de miles de familias y trabajadores que dependen del abastecimiento de combustible para sus actividades diarias. La demanda no es solo por una solución empresarial, sino por una respuesta integral que considere el bienestar y seguridad de todos los habitantes de Baja California.

La necesidad de una intervención federal es imperativa para resolver de forma definitiva el conflicto y evitar que la región siga siendo rehén de un problema que afecta tanto el desarrollo económico como la calidad de vida de su población.

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