Un retroceso a los derechos y garantías de los mexicanos
TIJUANA.- Con la aprobación de la Cámara de Diputados sobre la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que merecen la prisión preventiva oficiosa, se consuma un retroceso en la protección de los derechos humanos, pues atenta contra la libertad y el debido proceso, esto al incorporar nuevos delitos susceptibles a la prisión preventiva oficiosa, ya que esta circunstancia implica la pérdida de la libertad durante el periodo que se lleva a cabo un juicio que resuelva sobre la inocencia o culpabilidad del procesado, violando con ello el principio de presunción de inocencia. Alertó el Presidente de la Barra Mexicana de Abogados en BC (BMA), Leonardo Abarca Jiménez.
“La prisión preventiva oficiosa, permite privar de la libertad a acusados sin necesidad de sentencia previa, esta medida ha sido objeto de críticas por años, e incluso una condena internacional para México, ya que viola el principio de presunción de inocencia y esta reforma, impulsada principalmente por el partido oficial, la robustece aún más”, explicó.
La medida que se da bajo la premisa de combatir la impunidad y la delincuencia, plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. Aunque se argumenta que se busca garantizar la seguridad pública, expertos e integrantes de la BMA advierten que esta medida podría llevar a un uso abusivo del poder judicial y a la vulneración de las garantías individuales. Si realmente se está velando por la seguridad e integridad física de las víctimas, el Juez que conozca de ese juicio puede optar por la prisión preventiva justificada, para lo cual debe analizar cada caso en concreto, y cuando haya una justificación real puede emitirse este tipo de prisión preventiva.
“El fortalecimiento de la prisión preventiva oficiosa pone en riesgo la presunción de inocencia, un principio fundamental en cualquier sistema jurídico que se diga democrático. Este principio establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, sin embargo, con la implementación de esta reforma, los ciudadanos serán considerados culpables de facto, pues los imputados por cualquier delito que se encuentre en este catálogo de delitos que merece en prisión preventiva, oficiosa, será recluido mientras la fiscalía realizar su investigación y se lleva a cabo su proceso penal. Y al ser de manera oficiosa, se le está restringiendo al juez la libertad de valorar cada caso en específico.
Por otro lado, es importante mencionar que el Estado mexicano ya tiene una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que lo condena y obliga a eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa, la cual fue emitida en enero del año 2023. Ahora, no solamente no se ha restringido el uso de la prisión preventiva oficiosa, sino que por el contrario, se está ampliado el catálogo de dichos delitos, lo cual representa un desafío y un desdén al sistema de justicia interamericano de protección de los derechos humanos.
“La defensa de los derechos humanos y el respeto por el estado de derecho son pilares esenciales para el desarrollo de una sociedad justa. Por lo tanto, es imprescindible que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil se mantengan vigilantes ante esta reforma y presionen por un sistema penal que no sacrifique las libertades individuales en nombre de una seguridad cuestionable”, concluyó el especialista.