Oposición alerta sobre riesgos de censura y vigilancia masiva en reformas que concentran poder estatal
ARTÍCULO LIBRE.— La Cámara de Diputados aprobó en comisiones un paquete de reformas que incluye la Nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como la creación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, una iniciativa que, de acuerdo con sus impulsores, busca modernizar los marcos legales en materia de comunicaciones, seguridad nacional y combate al crimen organizado. Sin embargo, partidos de oposición, organismos de defensa de derechos digitales y expertos en libertad de expresión advirtieron que el proyecto podría abrir la puerta a prácticas de censura y vigilancia generalizada de la ciudadanía.
El dictamen propone dotar al Estado de mayores facultades para monitorear en tiempo real las telecomunicaciones y los servicios de radiodifusión, incluyendo la recolección y conservación de metadatos de llamadas, mensajes y actividad en internet por periodos que podrían superar los dos años. Entre los argumentos de la mayoría legislativa, destaca la necesidad de contar con herramientas eficaces para rastrear redes criminales y proteger la seguridad nacional ante amenazas internas y externas.
Por su parte, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia plantea integrar en un solo organismo la información proveniente de agencias federales, estatales y municipales, así como de proveedores de servicios de telecomunicaciones, quienes estarían obligados a entregar datos solicitados por autoridades competentes, bajo criterios que organizaciones civiles consideran ambiguos.
“La redacción de los artículos es tan amplia que podría permitir el uso de estas atribuciones para identificar opositores políticos o periodistas críticos bajo el argumento de riesgos a la seguridad nacional”, advirtió el diputado Jorge Triana (PAN), quien aseguró que interpondrán acciones legales si las reformas son aprobadas en el Pleno.
Desde el oficialismo, legisladores de Morena defendieron la propuesta al asegurar que México requiere mecanismos de inteligencia actualizados que “cierren los espacios de impunidad” y garanticen la capacidad del Estado para prevenir delitos de alto impacto. La diputada Aleida Alavez subrayó que los datos personales estarán protegidos por controles judiciales y lineamientos estrictos de uso.
Diversas organizaciones, como Artículo 19 y R3D, anunciaron que impulsarán campañas de información ciudadana sobre los alcances de las reformas, pues consideran que podrían vulnerar garantías constitucionales. Se prevé que la discusión final se lleve a cabo en las próximas semanas, en medio de un clima político polarizado y creciente presión de la sociedad civil.