Especialistas advierten que facultar a la autoridad administrativa para definir contenidos “falsos” o “descontextualizados” contraviene las garantías constitucionales.
ARTÍCULO LIBRE.- El proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, emitido el pasado 25 de julio por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ha encendido las alarmas en materia de libertad de expresión y control editorial en México.
Aunque la propuesta se encuentra en procedimiento de consulta pública para recibir observaciones de concesionarios, especialistas y la sociedad civil, su contenido plantea serias dudas desde la perspectiva constitucional. De acuerdo con una opinión técnica del Mtro. Leonardo Abarca Jiménez, Socio Director de Grupo UNO Abogados, el marco legal abre dos grandes interrogantes respecto a la regulación administrativa de los medios de comunicación.
¿Quién decide qué es “verdad”?
En primer lugar, surge un debate constitucional de fondo sobre si la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión autoriza expresamente a la CRT para definir qué debe entenderse por “información falsa” o “descontextualizada”. Esta atribución, según analiza el especialista, podría rebasar las facultades regulatorias fijadas por el legislador.
El peligro de la fiscalización del contenido
En segundo lugar, existe una profunda preocupación técnica y jurídica respecto a las implicaciones operativas de la norma: la determinación administrativa sobre si una noticia es “falsa”, “descontextualizada” o suficientemente “veraz” supone, de manera inevitable, una valoración directa sobre el contenido editorial de los medios de comunicación.
Frontera con la censura previa
Abarca Jiménez enfatiza que el régimen jurídico aplicable debe ponderar armónicamente el derecho de acceso a la información (artículo 6° constitucional) y la prohibición categórica de censura previa junto con la libertad de difundir opiniones e ideas (artículo 7° constitucional). Asimismo, recuerda que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han reiterado que la regulación de las audiencias no puede convertirse en un mecanismo indirecto de censura o control sobre las líneas editoriales.
Consecuencias para el debate democrático
De materializarse este tipo de controles, las consecuencias para el ejercicio periodístico y el derecho a la información serían severas. La facultad de un órgano administrativo para catalogar qué noticias son “falsas” o “descontextualizadas” genera un preocupante riesgo de arbitrariedad, donde la veracidad de la información podría quedar sujeta a criterios o intereses políticos de la autoridad en turno. Esto no solo incentivaría la autorregulación represiva o autocensura dentro de las redacciones para evitar sanciones, sino que limitaría el pluralismo informativo y debilitaría el debate público, restringiendo la diversidad de opiniones y análisis críticos indispensables para el funcionamiento de una sociedad democrática.
