La denuncia presentada en Ciudad de México solicita investigar a la gobernadora de Baja California y a quienes resulten responsables por una amplia lista de posibles delitos; el escrito fue recibido formalmente por la Fiscalía General de la República
ARTÍCULO LIBRE.— La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue denunciada este lunes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), quienes solicitaron abrir una investigación por hechos que, desde su perspectiva, podrían constituir diversos delitos.
La denuncia señala a la mandataria estatal y/o a quienes resulten responsables por presuntos hechos relacionados con delincuencia organizada, conspiración, asociación delictuosa, delitos contra la salud, ejercicio ilícito del servicio público, tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.
El documento también menciona presuntos delitos relacionados con el tráfico e introducción clandestina de armas de fuego.
La denuncia fue presentada ante la FGR
El escrito fue entregado este lunes 5 de octubre ante la Fiscalía General de la República y está dirigido a Ernestina Godoy Ramos, titular de la institución.
La presentación estuvo a cargo de la diputada federal Eva María Vásquez Hernández, así como de los legisladores César Israel Damián Retes y Federico Döring Casar, además de Jorge Triana Tena, vocero nacional del PAN.
De acuerdo con la documentación proporcionada, el escrito cuenta con el sello de recepción de la autoridad federal, por lo que la denuncia quedó formalmente presentada ante la Fiscalía.
Piden investigar posibles responsabilidades
Los legisladores panistas plantean que corresponde a la autoridad ministerial realizar las investigaciones necesarias para determinar si los hechos expuestos pueden constituir delitos y, en su caso, establecer las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.
La denuncia no representa por sí misma una determinación de culpabilidad contra la gobernadora ni contra las personas que pudieran ser mencionadas durante una eventual investigación. Será la autoridad ministerial la que deberá analizar los señalamientos, recabar elementos y determinar si existe materia para ejercer alguna acción legal.
El documento sustenta la solicitud de investigación en disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, además de otros ordenamientos jurídicos.
El antecedente de la visa estadounidense
La acción emprendida por los legisladores federales se produce en un contexto político marcado por los señalamientos que han rodeado a la administración estatal de Baja California.
Entre los antecedentes mencionados por los denunciantes se encuentra el retiro de la visa estadounidense a Marina del Pilar en 2025, hecho que posteriormente dio paso a diversos señalamientos y especulaciones en torno a personas vinculadas con su entorno político y gubernamental.
Los denunciantes incorporan estos antecedentes al contexto de la denuncia y solicitan que las autoridades federales determinen si existe alguna relación entre los hechos que exponen y los posibles delitos señalados.
¿Qué sigue después de la denuncia?
Tras la recepción del documento, corresponderá a la Fiscalía General de la República analizar los planteamientos realizados por los denunciantes y determinar si existen elementos suficientes para iniciar o ampliar una investigación.
En caso de que la autoridad federal encuentre indicios de posibles conductas delictivas, deberá desarrollar las diligencias correspondientes conforme al marco jurídico vigente y determinar, con base en las pruebas que se obtengan, si existen responsabilidades penales.
Por ahora, los señalamientos contenidos en la denuncia corresponden a la parte denunciante y no constituyen una sentencia ni una determinación judicial de responsabilidad.
La presentación de este recurso ante la FGR abre así un nuevo frente político y jurídico para el gobierno de Baja California, mientras la autoridad federal deberá determinar el alcance que tendrán los hechos denunciados.
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