Especialistas advierten que las nuevas reglas para proteger los derechos de las audiencias podrían generar incertidumbre, intimidación y restricciones al ejercicio periodístico; el 21 de agosto vence el plazo para presentar observaciones a la consulta pública
ARTÍCULO LIBRE.— La libertad de expresión y el ejercicio del periodismo enfrentan un nuevo punto de discusión en México ante los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, cuya consulta pública está próxima a concluir y que, de acuerdo con especialistas, podría generar condiciones de mayor presión para periodistas y medios de comunicación.
El riesgo de que las nuevas disposiciones deriven en acoso, intimidación y autocensura fue uno de los principales señalamientos durante la mesa de análisis “Libertades y el derecho de las audiencias”, organizada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Baja California (BMA), en coordinación con la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (ENID) y la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana.
El encuentro reunió a especialistas del ámbito jurídico, periodístico y académico para analizar los posibles efectos de una regulación que toca directamente derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad editorial.
La discusión adquiere especial relevancia porque el próximo 21 de agosto vence el plazo para presentar comentarios, observaciones y propuestas dentro de la consulta pública de los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Artículo 19 pone cifras a la presión contra periodistas
Durante su participación, Martha Tudón, representante de Artículo 19, colocó el debate en el contexto de las condiciones que actualmente enfrenta el periodismo en México.
La especialista informó que durante 2025 se documentaron 451 agresiones contra periodistas en el país y señaló que 50% de ellas fueron perpetradas por representantes del Estado.A ello se sumaron 69 casos de acoso judicial por las vías administrativa, civil y penal, así como el asesinato de siete periodistas vinculados con el ejercicio de su labor durante ese año.
El escenario, advirtió, continúa siendo preocupante. En lo que va de 2026 ya se contabilizan seis periodistas asesinados, de acuerdo con los datos presentados durante el encuentro.En este contexto, Tudón planteó que cualquier modificación regulatoria debe analizarse considerando la realidad que enfrentan quienes ejercen el periodismo, pues disposiciones que introduzcan incertidumbre sobre los límites del trabajo informativo podrían convertirse en una herramienta de presión.
El temor a investigar puede convertirse en autocensura
Uno de los principales riesgos señalados durante la mesa fue el efecto inhibidor que podría producir una regulación percibida como restrictiva.
Tudón advirtió que, ante la posibilidad de enfrentar procedimientos o consecuencias por abordar determinados asuntos, algunos periodistas podrían decidir no investigar, no publicar o evitar temas considerados delicados, especialmente cuando involucran a funcionarios, instituciones o actores con poder.
El problema, expuso, no necesariamente se limitaría a los casos en los que exista una sanción efectiva. La sola posibilidad de enfrentar un proceso o una controversia podría generar un efecto intimidatorio y provocar que los comunicadores modifiquen anticipadamente sus contenidos.Ese escenario abre la puerta a uno de los mayores riesgos para el ejercicio periodístico: la autocensura.
Loraine Morales: el periodismo de investigación frente a sus propios riesgos
La periodista, académica y coordinadora de Investigación y Posgrados de Ibero Tijuana, Loraine Morales, llevó la discusión al terreno de la experiencia personal.
Durante su intervención compartió las consecuencias que enfrentó por ejercer el periodismo de investigación en su natal Cuba, experiencia que permitió dimensionar cómo las restricciones al ejercicio informativo pueden trascender el ámbito normativo y convertirse en presiones concretas para quienes investigan y difunden información.
Morales alertó sobre el impacto que las nuevas disposiciones podrían tener en periodistas dedicados a la investigación, particularmente en un contexto donde esta actividad ya implica riesgos y presiones. Su participación puso énfasis en que detrás de cualquier discusión sobre regulación de medios y derechos de las audiencias existen periodistas que deben tomar decisiones cotidianas sobre qué investigar, qué publicar y hasta dónde continuar una investigación.
BMA: los lineamientos no pueden estar por encima de la Constitución
Desde el ámbito jurídico, el Mtro. Leonardo Abarca Jiménez, consejero nacional de la BMA y coordinador de Educación Jurídica Continua de Capítulos, sostuvo que el debate no debe ser visto como un asunto exclusivo de periodistas o medios de comunicación.
Consideró que se trata de un tema que debe preocupar a toda la sociedad, debido a que involucra derechos humanos fundamentales.
Explicó que la libertad de expresión y el acceso a la información tienen una dimensión que alcanza tanto a quien emite una opinión como a quien tiene derecho a conocerla.
En ese sentido, recordó que los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana reconocen derechos vinculados con la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad editorial, además de establecer el marco constitucional dentro del cual debe desarrollarse la regulación de las audiencias.
Abarca Jiménez subrayó que los nuevos lineamientos tienen un carácter reglamentario y, por tanto, deben sujetarse tanto a la legislación federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión como a la propia Constitución.El punto central, explicó, es verificar que la autoridad reguladora no rebase las facultades que la ley le confiere y que las disposiciones que emita no terminen imponiendo restricciones que entren en conflicto con derechos constitucionalmente reconocidos.
Una discusión que rebasa a los medios
La mesa de análisis dejó sobre la mesa una pregunta que trasciende al sector periodístico: ¿hasta dónde puede llegar la regulación de los derechos de las audiencias sin afectar la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a recibir información?
Para los especialistas, la respuesta requiere una revisión jurídica y técnica de los nuevos lineamientos, pero también considerar sus posibles efectos en la práctica.
La preocupación no se centra únicamente en la existencia de nuevas reglas, sino en la posibilidad de que éstas produzcan un efecto inhibidor sobre periodistas, medios y comunicadores, particularmente cuando se trate de investigaciones relacionadas con asuntos de interés público. En ese sentido, el periodo de consulta pública representa una oportunidad para que organizaciones, especialistas, medios, periodistas y ciudadanos presenten observaciones antes de que concluya el proceso.
La consulta entra en su recta final
Con el 21 de agosto como fecha límite para enviar comentarios, observaciones y propuestas, el debate adquiere especial relevancia.
La discusión realizada en Tijuana mostró que la protección de los derechos de las audiencias y la libertad de expresión no necesariamente son objetivos contrapuestos; sin embargo, cualquier regulación debe cuidar que la búsqueda de uno no termine debilitando al otro.
El reto para la autoridad será establecer reglas que protejan a las audiencias sin generar mecanismos que puedan ser utilizados para inhibir la crítica, limitar la libertad editorial o desalentar el periodismo de investigación. La advertencia planteada por los participantes fue clara: en un país donde las agresiones contra periodistas siguen registrándose, cualquier nueva regulación que pueda incrementar la presión sobre quienes informan debe ser revisada con especial rigor jurídico y desde una perspectiva de derechos humanos.
Participación multidisciplinaria
Además de Martha Tudón, Loraine Morales y Leonardo Abarca Jiménez, en la mesa participaron Paola Sam, técnica académica de la ENID del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Claudia Espinosa, estudiante de doctorado de la ENID del IIJ-UNAM; y el Mtro. Rodolfo Muñoz García, excomisionado presidente del ITAIPBC y coordinador de la Sede Ensenada de la BMA Baja California.
El encuentro permitió reunir distintas perspectivas sobre un tema que, más allá de la regulación de los medios y las audiencias, involucra derechos esenciales para una sociedad democrática: la posibilidad de expresarse, investigar, informar y acceder a información plural sin que el ejercicio de esas libertades sea inhibido por temor a represalias.
