El foro de análisis tijuanense advierte que la sobreexposición mediática de los detenidos vulnera la presunción de inocencia y contraviene criterios de la Suprema Corte.
ARTÍCULO LIBRE.— El reciente arresto del exgobernador Ernesto Ruffo Appel en el municipio de Ensenada, bajo acusaciones de presunta delincuencia organizada y contrabando de combustibles, ha provocado intensas reacciones en el ámbito político y social del estado. En este contexto, el Grupo Minarete emitió un enérgico posicionamiento en el que reprocha el manejo mediático y operativo que las autoridades federales dieron a la captura, señalando una clara violación al principio constitucional de presunción de inocencia.
El foro de análisis y discusión ciudadana externó su preocupación por la forma en que el exmandatario fue expuesto públicamente durante su detención y posterior traslado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana. De acuerdo con el grupo, este tipo de despliegues vulnera las garantías fundamentales del imputado antes de que un juez determine su situación jurídica.
Violación a los criterios de la Suprema Corte
El posicionamiento del Grupo Minarete enfatizó que existen precedentes explícitos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obligan a las corporaciones de seguridad a evitar la exhibición pública de cualquier persona bajo custodia.
“Las autoridades fiscales y policiales tienen el deber estricto de salvaguardar la dignidad de los detenidos y ceñirse a los protocolos de conducción vigentes”, señaló el organismo en su comunicado, apuntando que los traslados no deben convertirse en espectáculos para el ojo público.
Para los integrantes del foro, la sobreexposición del primer gobernador de oposición del país en los medios de comunicación no solo contraviene los derechos humanos, sino que también puede viciar las etapas iniciales del proceso penal.
Un caso bajo la lupa política y legal
El origen de las acusaciones
La detención de Ruffo Appel se deriva de una investigación de la FGR relacionada con el llamado “huachicol fiscal”, un esquema enfocado en el presunto contrabando de hidrocarburos para evadir el pago de impuestos federales a través de una firma comercial. Tras su aprehensión el pasado jueves, el político panista y actual consejero del partido Somos México fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad, lo que detonó el debate sobre el uso político del aparato judicial.
El llamado a los compañeros de los medios de comunicación
Además del llamado de atención a las autoridades federales, las discusiones en torno al caso han abierto un debate interno sobre la responsabilidad social al informar. Diversos analistas locales coinciden con el Grupo Minarete en que, si bien el interés periodístico sobre una figura histórica del estado es innegable, los compañeros de los medios de comunicación deben equilibrar el derecho a la información con el respeto irrestricto a las garantías procesales de cualquier ciudadano, evitando juicios anticipados en la arena pública.
El Grupo Minarete concluyó su pronunciamiento exigiendo un proceso transparente, apegado a la legalidad y libre de sesgos políticos, donde las instituciones encargadas de procurar justicia demuestren su rigor técnico por encima del impacto mediático.
